Ayuntamiento de La Laguna rechaza nuevamente la propuesta para declarar zona tensionada en vivienda

• El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, compuesto por PSOE y Coalición Canaria, volvió a rechazar por tercera vez la moción presentada por Drago Verdes Canarias para solicitar la declaración de zona tensionada en vivienda, a pesar del informe de la Universidad de La Laguna.

Viernes, 13/03/2026. - La Laguna Televisión.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, formado por PSOE y Coalición Canaria, volvió a rechazar en la jornada de ayer, jueves 12 de marzo y por tercera vez, la propuesta de Drago Verdes Canarias para solicitar al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada en materia de vivienda.
La iniciativa de Drago Verdes Canarias se sustentaba en el informe sobre la situación de la vivienda en el municipio, encargado por el propio Ayuntamiento a la Universidad de La Laguna. En base a los resultados de este informe y con la Ley de Vivienda estatal en la mano, las cifras dan para declarar la zona tensionada en el municipio de La Laguna.
De esta forma, el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna rechazó por tercera vez este mecanismo para frenar la crisis habitacional en el municipio. El primer rechazo se produjo en octubre de 2023 y el segundo en febrero de 2025.

Durante la defensa de la moción, la concejala de Drago Verdes Canarias Carmen Peña comentó que “esta misma semana vimos en un portal inmobiliario pisos de 40 metros cuadrados a 600 euros o pisos sin habitación a 800 euros” y lamentó que el Equipo de Gobierno esté “más preocupado en gastarse el dinero de todos los laguneros y laguneras en fiestas que en solucionar el problema de la vivienda”.
Asimismo, Peña recordó que “la zona tensionada es un mecanismo previsto en la Ley de Vivienda estatal, creada por el PSOE, por lo que no entendemos esta negativa a aplicarla en los municipios en que gobiernan cuando claramente las cifras dan, tienen más excusas que propuestas”.
En cualquier caso, la concejala de Drago Verdes Canarias aseguró que “nuestro partido seguirá presentando propuestas para que la ciudadanía lagunera tenga acceso a una vivienda digna” y explicó que “lo hemos hecho desde el principio de la legislatura y lo seguiremos haciendo”.
El informe de vivienda del Ayuntamiento y la Ley de Vivienda estatal
La Ley de Vivienda estatal recoge dos supuestos con respecto a la escasez de vivienda, y establece que si se cumple tan solo uno de ellos el municipio en cuestión podrá solicitar la declaración de zona tensionada, y en el caso de La Laguna se cumplen las dos.
El primero de los supuestos establece que “el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del Índice de Precios de Consumo (IPC) de la comunidad autónoma correspondiente”.
Sobre este criterio, según datos del INE, el IPC en Canarias se incrementó un 21,7 % en los últimos cinco años, que sumado al 3 % indicado por la Ley establece que el precio de compra o alquiler de la vivienda debe haber aumentado un 24,7 %; y para el caso de La Laguna, el aumento del metro cuadrado —en base al propio informe del Ayuntamiento— es del 27,8 %.  Según los datos de datos actualizados de distintos portales inmobiliarios la subida sería del 72,9%, casí triplicando el parámetro pedido.
Y el segundo de los supuestos establece que “la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares”.
En este sentido, el propio informe de vivienda encargado por el Ayuntamiento recoge que el 30 % de la renta media de los hogares para el caso de La Laguna se sitúa en 802,52 euros, y según un conocido portal de vivienda, el precio medio del alquiler de un piso de 75 metros cuadrados —el tamaño mínimo requerido para que pueda convivir una familia— alcanza ya los 924 euros. Es decir, que este segundo criterio también se cumple.